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La sanción de la prórroga de la Ley 25.080 – con las normas 26.432 y 27.487, ésta última prorrogada a fines del año 2019-, con sus modificaciones, buscaba mostrar la voluntad de la política nacional de fortalecer la producción forestal, pero sobre todo la intención de atender la demanda de los pequeños y medianos productores.

En ese momento, resurgieron grandes expectativas en el sector anhelando un futuro próspero para estos actores del sector forestal, ya que para ellos se estaban generando mejores condiciones en la aplicabilidad de la ley.

Podemos decir que, iniciando el año 2022, dichas expectativas se han extinguido, generando nuevamente una desilusión tanto para productores como para los profesionales que creemos que existe una necesidad inminente de disminuir la brecha entre grandes, pequeños y medianos.

Con recorrer las chacras misioneras, hablar con propietarios y profesionales forestales que hacen trabajos de asesoramiento y aplicación de la ley, basta para percibir que los pequeños y medianos productores de la provincia  acarrean una enorme desconfianza de hacer uso de la ley, tanto por los trámites burocráticos como por la imprevisibilidad al momento de los pagos.

Vale decir que si bien en el año 2021 se han ejecutado 280 millones de pesos (menos de 100 millones se destinaron a Misiones), quedando una deuda estimada de más de 500 millones, y los pagos no son a valores actualizados. De esta forma, planes que se pagan en la actualidad del año 2017, hay tenido una pérdida monetaria de más del 400 %.

Una deuda que en general se estima que proporcionalmente será cada vez menor, pero sobre todo porque ante la escasa apuesta de pequeños y medianos a la actividad forestal en los últimos años, se planta menos.

Las plantaciones forestales con sus diferentes fines, como maderables, laminables, postes y biomasa, no sólo son fuente de ingresos monetarios para todos los productores y en especial un incentivo de permanencia de las familias en las zonas rurales, siendo parte de Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles, sino que son una de las formas más recomendables de producir y cuidar el ambiente, con la gestión forestal.

La actividad aporta a disminuir la presión sobre el bosque nativo, produciendo un recurso renovable, cuidando el suelo, generando enormes fuentes de captación y almacenamiento de carbono y minimizando el uso de agroquímicos.

Como si esto no fuera suficiente, la actividad forestal genera innumerables fuentes laborales directos e indirectos, ya que consta de varios procesos que van desde el vivero, preparación de los terrenos, manejos post plantación, cosechas, transportes, logística de exportación, educación y los diferentes horizontes de agregado de valor de los productos que se obtienen de la materia prima.

En el plano político surge ahora una oportunidad para sector forestal nacional, ante la confirmación en el mayor cargo de representación sectorial en la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agricultura de la Nación de la ingeniería forestal Sabina Vetter, misionera con la visión, conocimiento y capacidad necesaria para el puesto, pero que indefectiblemente deberá de ser respaldada con voluntad política nacional, transmitida principalmente en recursos, para darle un destino próspero y sostenible al sector.

Estamos en una situación actual donde es importante replantearse a qué apuntamos en política forestal en la escena nacional, donde es necesario el apoyo concreto del Estado para generar las condiciones adecuadas y fortalecer el mercado, la competitividad regional y el agregado de valor.

En estas condiciones debe ser una meta ineludible la de fortalecer y generar oportunidades a la producción forestal de pequeños y medianos, tanto productores como industriales, propendiendo a la búsqueda de competitividad, disminuyendo la brecha entre quienes constan de grandes infraestructuras y quienes más necesitan de ayuda para mejoras tecnológicas y de infraestructura, y aportan desarrollo genuino a través de la producción, trabajo e identidad con la comunidad local.

En Misiones, vale destacar la puesta en marcha del Instituto Forestal Provincial (InFoPro) hace más de un año, con fuerte tendencia a defender los intereses de los más pequeños, pero al mismo tiempo escuchando y llegando a acuerdos con todos los sectores productivos.

Resta saber si la tendencia del gobierno nacional será priorizar el conocido “efecto derrame” con ayuda a las grandes empresas que hacen provecho de beneficios fiscales, quienes de esta manera reciben el mayor impulso para contribuir generando ofertas laborales y trabajos para pymes prestadoras de servicios; o bien, también motivamos a los pequeños y medianos productores a mejorar sus precios en el mercado, generando valor en sus plantaciones y sean las industrias quienes paguen sin reproches un precio digno y real a la hora de la cosecha.

Basta decir que todos los sectores de la cadena son importantes en el desarrollo de la sociedad, cada uno apostando, contribuyendo e invirtiendo en sus negocios, generando materia prima, valor agregado y fuentes laborables. Sólo resta definir si en el modelo productivo económico forestal nacional entrarán los pequeños y medianos productores o seguirán perdiendo terreno frente a la concentración de la actividad.

Para el Presupuesto Nacional 2022, desde el Ministerio de Agricultura se habían solicitado 900 millones para regular la situación y posicionar al sector de cara al futuro, y así avanzar con los objetivos pactados de  incrementar la superficie forestal del país a 2 millones de hectáreas al 2030.

Este anhelo no sólo no estuvo previsto en el Presupuesto Nacional, sino que se terminó de disolver ante la voluntad de una oposición que dejó sin la herramienta básica, el presupuesto, al gobierno de turno.

Concluyendo, los destinos del sector forestal están en el trabajo en conjunto de todas las instituciones del sector, buscando llegar a acuerdos que beneficien a todos los eslabones de la cadena productiva y teniendo como principal objetivo poner en marcha una actividad que es subsidiada desde hace más de 20 años.

Es momento de aplicar los aportes en tiempo y forma e impulsar la sostenibilidad ambiental, económica y social junto a pequeños y medianos, con decisiones acertadas del Gobierno Nacional, como así también del trabajo de los representantes en el Congreso, contemplando una partida presupuestaria adecuada que debería acogerse en la ley de promoción forestal, o bien buscar los mecanismos presupuestarios a partir de la aprobación de la media sanción de ley de “Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros” – PROSAS – que fuere aprobado en el Senado en el año 2021 y tiene como objeto regular aspectos ambientales del seguro automotor tendientes a jerarquizar el programa conocido como Seguro Verde e institucionalizarlo por Ley.

#PA. Argentina Forestal.

2 de abril del 2022.